La selección rusa seguirá excluida del repechaje de finales de este mes para el Mundial Qatar 2022, después del rechazo de este viernes por parte del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) al pedido de la Federación Rusa para suspender las sanciones de la FIFA.
Esta decisión, similar a la tomada el martes sobre las sanciones de la UEFA, no prejuzga la futura sentencia de la justicia deportiva sobre el fondo del asunto, que no se estudiará antes de varias semanas.
"El proceso arbitral continúa. Se está formando un panel de árbitros y las partes intercambian sus observaciones escritas. Ninguna audiencia ha sido fijada todavía", precisó la jurisdicción con sede en Lausana, Suiza.
No obstante, desde ahora el rechazo de suspender el recurso ruso, aclara las dudas del fútbol mundial para las próximas semanas e impide a la ‘Sbornaia’ mantener sus posibilidades de lograr un pasaje para el torneo qatarí (21 noviembre – 18 diciembre).
Sede del último Mundial masculino de fútbol, donde su selección llegó hasta cuartos de final, Rusia tendría que haberse enfrentado a Polonia el 24 de marzo en Moscú, en las semifinales de su repesca.
Tal y como decidió la FIFA, Polonia está directamente clasificada para la final del repechaje del 29 de marzo, contra el vencedor de Suecia-República Checa.
El TAS le ahorra un enorme quebradero de cabeza a la máxima institución del fútbol, ya que Polonia, Suecia y la República Checa rechazaban de manera firme enfrentarse a Rusia desde la invasión rusa a Ucrania, comenzada a finales de febrero.
El misterio se mantiene ahora tanto sobre los motivos de la orden del TAS, como sobre los argumentos expuestos, cuando incluso la FIFA no había dado ninguna justificación a su decisión, tomada el 28 de marzo de manera conjunta con la UEFA, de suspender a los equipos rusos de las competiciones internacionales.
"Esta decisión viola los derechos fundamentales de la Federación rusa», y ha sido tomada «bajo la presión de sus adversarios directos", replicó la Federación Rusa de Fútbol, denunciando sanciones "discriminatorias" e injustas para los jugadores. Políticamente, la presión era considerable sobre las instituciones deportivas, después de la invasión rusa de Ucrania y la oleada de reacciones de condena en Occidente que la siguieron.
Saliendo de su línea de actuación habitual, que consiste en preservar el derecho de los atletas a competir, el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó a las federaciones internacionales excluir a los deportistas rusos. A raíz de ello, fueron apartados de competiciones internacionales de atletismo, hockey sobre hielo, rugby, básquetbol, ciclismo, esquí alpino, escalada y de los Juegos Paralímpicos de Pekín, y mantuvieron el derecho de participar bajo bandera neutral en tenis, natación o judo.
Pero al recurrir ante el Tribunal Arbitral del Deporte la semana pasada, la Federación rusa de fútbol abrió el contraataque y lanza el debate sobre la cuestión de fondo: ¿deben los deportistas pagar las acciones de sus gobiernos? El TAS, ya criticado por una parte del deporte occidental estos últimos años por su gestión de los casos del dopaje ruso, tiene entre las manos un asunto extremadamente sensible: una decisión de fondo favorable a los rusos desautorizaría a la casi totalidad de instancias internacionales.
Si por el contrario valida las sanciones, abriría una nueva línea para el mundo del deporte, desde ahora susceptible a reaccionar a cada violación de los derechos humanos, luego de haberse mostrado reacio durante décadas a aventurarse en el terreno político. Del conflicto israelí-palestino a las acusaciones de genocidio en Xinjiang por el poder chino, pasando por los bombardeos sauditas en Yemen, las ocasiones para tomar medidas podrían multiplicarse para las instituciones deportivas.
Todo depende del alcance del caso ruso-ucraniano, explicó la semana pasada a la AFP Antoine Duval, especialista de Derecho europeo del deporte en el Instituto Asser de La Haya. O bien se trata de una situación tan excepcional que las sanciones se quedarán sin continuación, o bien será un punto de inflexión que obligará en el futuro a los involucrados en el deporte "a oponerse a una violación de los derechos humanos por los estados en el que están instalados".
