“En la década de los 70 el Fondo tenía una línea de crédito para compensar la caída de las exportaciones y los problemas que generara la escasez de divisas en una nación. Luego con la financiarización de la actividad económica en los años noventa esa línea se discontinuó”, sostiene Noemí Brenta en diálogo con Página 12. La especialista y autora de dos libros que analizan la relación de Argentina con el FMI advierte que el hecho que reclama hoy Argentina es muy conocido por el Fondo que supo tenerlo en cuenta para prestar divisas. Este diario dialogó también con Guido Croxatto, director nacional de la Escuela de Abogados del Estado (ECAE) que depende de la Procuración del Tesoro, quien insiste sobre la “ilegitimidad determinante de nulidad absoluta” dado el procedimiento que siguió la administración macrista que endeudó al país.
El equipo económico comandado por Sergio Massa se prepara a negociar con el FMI el adelanto de los desembolsos previstos para junio y septiembre de este año, algo más de 7.000 millones de dólares que podrían usarse para contener futuras corridas cambiarias en un tenso año electoral. “Argentina negocia un adelanto (no un nuevo préstamo) que puede inscribirse dentro de las primeras líneas crediticias del Fondo. En la década del 80 el gobierno de Alfonsín usó mucho esos préstamos, además de los stand by, pero en los noventa dejaron de usarse”, observa Brenta. El gobierno no está negociando un préstamo político para ganar las elecciones sino un adelanto por el impacto de una sequía histórica.
El acuerdo que firmó Macri con el FMI en 2018 está judicializado, la doctora María Cappuchetti es quien lleva la causa donde se imputa al ex presidente y a cuatro ex integrantes de su gobierno por mal desempeño en sus funciones, administración fraudulenta y malversación de los fondos públicos, pero “la causa está paralizada al igual que la investigación sobre el intento de magnicidio a CFK que lleva adelante la misma jueza, que no siguió la pista de la vinculación de los detenidos con altos cargos políticos, como Gerardo Milman, o empresarios, como la familia Caputo”, precisa Guido Croxatto. “El poder judicial argentino se detiene siempre en el mismo lugar: donde empieza la responsabilidad del poder económico y financiero”, sentencia.
Fuente: Página 12
