Fuentes oficiales revelaron a LA NACION que el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a cargo de Rogelio Frigerio, pondrá en marcha en los próximos meses un mecanismo que contempla la cancelación de pagos a los contratistas de las obras de manera directa por parte del Estado, sin la necesidad de pasar por las provincias. De este modo, la Casa Rosada dio un fuerte golpe de timón, no sólo en términos económicos, sino también políticos, ya que dejará a los gobernadores sin el control de uno de los presupuestos más jugosos del Tesoro, que este año rondará los $ 19.000 millones.
Precisamente, para amortiguar ese impacto, el cambio se haría después de las elecciones de octubre.
Hasta ahora, los institutos provinciales de la vivienda, bajo el control de las gobernaciones, definen junto con el Ministerio del Interior los proyectos a realizar en cada uno de los distritos. En algunos casos también tienen una participación importante los municipios. Es lo que ocurrió en el último tramo de la gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires.
Por la desconfianza que le tenía la entonces presidenta, Cristina Kirchner , el Estado giraba los fondos a los jefes comunales.
Los cambios que espera concretar el Gobierno mantienen un rol importante para las provincias en la definición de las obras, pero no en el manejo del dinero.
Una vez que los fondos para pagar obras entran a las arcas provinciales, los gobernadores tienen un alto grado de discrecionalidad para definir el destino de ese dinero. Si bien hay controles de la Nación, es habitual que una provincia que enfrenta una emergencia económica o financiera use los recursos que le giró la Nación para pagar gastos corrientes antes que para cancelar una porción de las cuotas por el avance de las obras.
Hace tres semanas una comitiva de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) se reunió con colaboradores de Frigerio y les extendió una propuesta informal, sin membrete de la entidad. El documento está bajo estudio, si bien la decisión política de avanzar en esa línea ya había sido tomada.
Una fuente empresaria que suele visitar la Casa de Gobierno justificó la decisión desde la mirada oficial: "Esto les da mayor seguridad de que las obras se ejecuten", resumió.
Para los empresarios también es un avance importante, ya que no sólo acorta los tiempos entre que se extiende un certificado de avance de obra y la constructora recibe el dinero, sino que también evita gestiones con las provincias para allanar el cobro.
La urgencia de las provincias es antagónica con los intereses de la Casa Rosada. Cada vez que eso ocurre, la constructora demora el avance de las obras, por lo que no se cumplen los plazos originales previstos.
