La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 5 la elevación a juicio al ex Intendente de Iruya por el delito de peculado (dos hechos)
Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el 18 de febrero de 2020, la apoderada de la Municipalidad de Iruya radicara una denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal.
En su requerimiento, la fiscal Salinas Odorisio sostuvo que “el acusado, en su calidad de Intendente de Iruya emitió el 06/12/19 tres cheques a favor de la Municipalidad de Iruya por un monto total de $ 970.000, que él mismo cobró el 09/12/19, de los que no obra constancia de su destino y que, conforme a lo denunciado por la actual gestión Municipal, no existe una rendición de cuentas efectuada ante al Municipalidad de Iruya”.
En cuanto al segundo hecho, la titular de la UDEC manifestó al Juzgado de Garantías que “el acusado recibió del Ministerio de Desarrollo Social fondos provenientes de los programas sociales AIPAS, Asistencia Critica y Pan Casero por un importe total de $14.594.982,93; de los cuales sólo rindió $8.716.909,50, quedando un saldo pendiente de rendir de $5.878.073,43”
La funcionaria aseguró que, según la auditoría de la comuna, existía un faltante de $7.773.758,89 y que, luego de finalizado el mandato del ex Intendente (2015/2019), ingresó un informe de cheques rechazados (emitidos un día antes de la finalización de la gestión) por un valor de $ 5.397.032,62.
De las investigaciones realizadas por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), surgió que existiría un faltante de dinero de $6.848.073,43, cuya administración y custodia le habían sido confiadas al Intendente. Por ello, la fiscal Salinas Odorisio requirió la elevación a juicio por dos hechos de peculado.
