Mañana, en audiencias de imputación programadas a las 9 y las 10, respectivamente, el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, formalizará cargos por estafas agravadas y adulteración de instrumentos públicos y privados contra el exintendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, y el venezolano Wuisthon Antonio Díaz Solano.
Las imputaciones son por una ficticia clínica del primer mundo, un montaje de $9.000 millones digno de una novela del realismo mágico.
El domingo 4 de octubre de 2020, con su cargo de intendente pendiendo de un hilo tras los graves delitos que la Justicia Federal le imputó por el saqueo del Gasoducto del NEA, Jorge Enrique Prado convocó a concejales y vecinos a un acto público en el que anunció que un grupo venezolano con sede en Caracas construiría en Aguaray una clínica, de ocho pisos, con una inversión de 50 millones de dólares.
Pocos días antes, por un voto, el Concejo no había alcanzado el número para destituirlo, pero la Legislatura estaba a un paso de intervenir el Ejecutivo de Aguaray.
En ese contexto, una buena parte del auditorio destilaba desconfianza y los ediles presentes se miraban unos a otros. Acompañado por un venezolano que se había presentado como Sebastián Solano Guzamana, médico, politólogo y representante de Banesco Internacional, Prado anunció que en la nueva clínica de alta complejidad trabajarían especialistas argentinos y de otros países para atender a pacientes del norte argentino, Bolivia y Paraguay.
En esos días, a través de las redes sociales del Municipio, se había informado que, por gestiones de Prado, Banesco había donado una dializadora para extracción de plasma, una centrifugadora, 30 mil pruebas rápidas para COVID-19, 30 mil barbijos y 30 mil guantes quirúrgicos. Esa información hizo que el estrambótico anuncio del domingo 4 de octubre despertara expectativas. La presencia del ejecutivo de Banesco, entidad financiera con sede en Caracas, aportó lo suyo para que todo sonara más verosímil.
En el concurrido acto, Prado anticipó que el Ejecutivo solicitaría la autorización del Concejo para que los indispensables equipos e insumos médicos pudieran ser acarreados en un vuelo desde Panamá al aeropuerto de General Mosconi. De pasada, el intendente adelantó que el Concejo tendría que autorizar la donación de un predio de dos hectáreas ubicado sobre la avenida Mitre, a pocas cuadras de la plaza principal de Aguaray, por que allí se construiría el complejo médico con una inversión que, al cambio de hoy, supondría la friolera de $9.000 millones.
"Ahora lo tenemos para amontonar arena", enfatizó Prado, en referencia al predio que fue transferido desde el Sindicado Unido de Petrolero del Estado (SUPE) al municipio de Aguaray durante la gestión de Juan Carlos Alcoba, exintendente que falleció por COVID-19 un mes antes del rimbombante anuncio de la clínica del primer mundo.
En esas dos hectáreas céntricas se había proyectado antes el nuevo hospital de Aguaray, obra que terminó siendo una de las mayores frustraciones del Fondo de Reparación Histórica urtubeycista.
El 6 de octubre de 2020, solo dos días después del anuncio que realizó con bombos y platillos, el Ejecutivo ingresó al Concejo los pedidos de autorización. Con estos ribetes, el montaje ilícito tuvo escandalosas derivaciones penales que hoy se extienden desde el norte salteño hasta Caracas.
A partir de notas que publicaron en su momento El Tribuno y FM Alba, como así también de un comunicado con él, Banesco negó cualquier vinculación con el supuesto representante que apareció junto a Prado y las supuesta clínica del primer mundo anunciada en Aguaray, el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, inició actuaciones de oficio. Estas permitieron acreditar que la persona que se presentó como Sebastián Solano Guzamana es, en realidad, Wuisthon Antonio Díaz Solano, un venezolano que está detenido en Tartagal por una causa en la que Cazón lo imputó en febrero último por el secuestro de una adolescente de Aguaray a la que mantuvo cautiva en Bolivia. En ese expediente penal, Díaz Solano está a un paso de ir a juicio por privación ilegítima de la libertad agravada.
El exintendente Prado tampoco es desconocido para el fiscal norteño, quien lo imputó antes de que fuera removido del cargo y llevado a juicio por el robo de los caños del Gasoducto del NEA por malversación de caudales e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Robo de caños
En el juicio que lleva adelante la Justicia Federal por el saqueo del Gasoducto del NEA, el exintendente de Aguaray, Jorge Prado, es el principal imputado, ya que una resolución que dictó a fines de 2019 posibilitó que los caños gasíferos del Estado nacional fueran extraídos ilegalmente en el norte salteño y revendidos en el sur del país como comederos de vacas, bebederos para hacienda y piezas para obras de agua, riego y alcantarillados. También fueron acusados por el Ministerio Público Fiscal de la Nación los empresarios Diego Alos, Matías José Rossi, Milton Saavedra, Bruno Degoy y Andrés Ayala. La lista de imputados se completa con
Adrián Vera, Cristian Buzec y Dante Rodríguez.
Fuente: El Tribuno
