El jueves 19 de mayo comenzó el juicio contra el jefe del Escuadrón 54 Aguaray de Gendarmería Nacional, un alférez y un sargento; además del dueño de una finca colindante con Bolivia, Todos están acusados de facilitar el contrabando en camiones, previo pago de un “peaje”. El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, a cargo del juicio, está integrado por los jueces Domingo Batule, Abel Fleming y Gabriela Catalano.
El ex jefe del Escuadrón Aguaray de la Gendarmería Nacional, comandante principal Marciano Alberto Páez; el alférez Diego Ernesto Radaelli y el sargento Rodolfo Ayala, ambos del mismo escuadrón, están acusados por el delito de contrabando de granos; y Alberto Martín Crossa, propietario de una finca en Campo, está acusado por contrabando de granos con ambos agravantes más el cohecho, pero activo y en grado de autor. Para Páez y Radaelli, la fiscalía reclama que sea agravado por el número de intervinientes y por la participación de funcionarios de una fuerza de seguridad nacional, mientras que al sargento Ayala se le endilga solo el segundo agravante. En concurso real, y para los tres efectivos, la fiscalía también les imputó el delito de cohecho pasivo, en calidad de coautores.
Páez, Radaelli, Ayala y Crossa fueron detenidos el 5 de julio del año pasado y dos días después el fiscal Villalba formalizó la imputación penal ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya. Las detenciones fueron parte de numerosos procedimientos realizados tanto en el Escuadrón de Aguaray, como en otros domicilios, lo que generó un gran despliegue de efectivos en la zona. En la audiencia del jueves pasado, el tribunal identificó a los acusados y dio paso a los alegatos de apertura. El representante del Ministerio Público Fiscal, junto a la auxiliar fiscal Roxana Gual, presentaron el caso a los jueces, mencionaron las pruebas a producir en el juicio y precisaron la calificación legal.
El fiscal resaltó que el caso a ventilarse refleja un hecho de “corrupción galopante” dentro de Gendarmería Nacional y de “grandísima escala”, el cual causó un “perjuicio enorme” para el fisco, pues no se trató de un contrabando hormiga, sino de camiones que cruzaban ilegalmente la frontera a través de la finca del acusado Crossa, todo ello en plena pandemia del COVID-19.
La maniobra
Villalba resaltó el rol del finquero, quien -según explicó- fue funcional a las maniobras de contrabando al poner su propiedad a disposición del resto de los acusados como paso hacia territorio boliviano, dado que la parte posterior limita con el país vecino. Adelantó que, a lo largo del juicio, que tiene en carpeta alrededor de 150 testigos, probará que la finca de Crossa fue clave en la maniobra, la que fue iniciada por el sargento Ayala junto a otros dos prófugos y el finquero, en noviembre del 2020.
En esa primera etapa, describió el fiscal, se pactaba con determinados transportistas el pago de una coima y se pasaba la chapa patente al sargento, quien allanaba el camino para que esos camiones tuvieran el paso libre hasta la finca de Crossa, que fungía como la puerta hacia Bolivia. Ese negociado fue advertido por Páez y Radaelli, quienes agrandaron el radio de ilegalidad y el flujo de ingresos por el sistema de “peaje” que habían impuesto, incluyendo aplicación de un férreo control a los transportistas que no accedían al pago de coimas, las cuales rondaban entre los 150 y 200 mil pesos por camión.
