El desalojo de inmigrantes, en su mayoría venezolanos, que estaban instalados en una plaza de la norteña ciudad chilena de Iquique y la posterior marcha antiinmigrantes que terminó con quemas de carpas y pertenencias de los extranjeros generó una ola de críticas y cuestionamientos de los gobiernos regionales y organizaciones no gubernamentales al Gobierno del presidente conservador Sebastián Piñera, que este lunes repudió el hecho.
El último viernes la crisis migratoria ocupó los medios de comunicación nacionales e internacionales, luego de que Carabineros de Chile desalojara una plaza del centro de la norteña localidad de Iquique, donde dormían más de 100 inmigrantes (en su mayoría venezolanos), lo que generó enfrentamientos, no sólo de extranjeros con carabineros, sino con ciudadanos chilenos.
A partir de estos hechos, el sábado se realizó una marcha antiinmigración en Iquique, que finalizó con manifestantes quemando carpas y pertenencias de extranjeros, lo que generó un rechazo transversal.
Ante estos hechos, organizaciones de la sociedad civil chilena emplazaron al Gobierno a cambiar su política migratoria y asumir su responsabilidad en la ausencia de una respuesta integral para enfrentar la inmigración.
De visita a Uruguay y Paraguay, el presidente Piñera intentó bajar el tenor de las críticas con un comunicado en el que repudió “categóricamente la brutal agresión que una turba descontrolada” cometió los migrantes y comprometió a su administración en la meta de que “ese crimen no quede impune y sea severamente sancionado de acuerdo a la ley".
Antes, el documento de las organizaciones juzgó que “una solución real” ante la crisis migratoria es que el Gobierno nacional habilite “el acceso a albergues”, “escuche a las autoridades locales y convoque a mesas de trabajo”, “cambiar la actual política migratoria y ocupar los actuales instrumentos (refugio y visas) para una migración lo más ordenada y regular posible” y “abordar el fenómeno migratorio a nivel regional”.
En la declaración pública, firmada por 24 organizaciones no gubernamentales, rechazan “el violento desalojo en la ex Plaza Brasil de Iquique” y condenan los hechos de violencia de la marcha del sábado “como respuesta a un problema humanitario que viven cientos de familias migrantes y refugiadas”.
Las expulsiones de extranjeros
Cuestionan además las expulsiones que “han contribuido a generar un clima de odio, de criminalización y estigmatización que exacerba la crisis de gobernabilidad migratoria”.
Estas expulsiones de inmigrantes han sido criticadas por organizaciones internacionales y nacionales pro inmigración, pero el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció la semana pasada que “muy pronto” el Gobierno iba a “retomar las expulsiones” de extranjeros que hubieran entrado por pasos no habilitados, que según denunció la ONG Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) asciende a más de 23.000 personas desde enero a julio.
En ese mismo período, según datos oficiales, se regstró el ingreso ilegal de 2.012 menores de edad extranjeros, superando los ingresos de todo el 2020.
