El juez de Garantías 4 de la ciudad de Salta, Diego Rodríguez Pipino, otorgó ayer el beneficio del arresto domiciliario a 14 personas que están involucradas en la causa en la que se investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta sospechados de haber exigido dinero a cambio de otorgar beneficios a personas detenidas, entre ellos, permitir el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes.
La decisión provocó la reacción airada del Ministerio Público Fiscal y exhibe una confrontación entre este órgano y el Poder Judicial de Salta, que ya tuvo un capítulo en el tratamiento en el Senado de la reforma del Código Procesal Penal de la provincia, con la que se busca pasar a la oralidad plena. La Corte de Justicia impulsa este cambio, pero la Procuración General, la jefatura del MPF, lo rechaza, por entender que antes deben hacerse cambios estructurales que implican una mayor inversión (entre ellos, en las cárceles y en recursos humanos) para poder ponerlo en práctica.
Dado que el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, anunció ayer que a partir de ahora él mismo integrará la Unidad Fiscal que investiga este caso, es posible prever que en la continuidad de este trámite se vivirá otro capítulo de este intercambio. García Castiella cuestionó ayer la decisión de Rodríguez Pipino: “Resulta lamentable y preocupante el mensaje que se exterioriza a la sociedad, cuando de lo que se trata es de fortalecer ejemplos y paradigmas morales ante quebrantos tan execrables de quienes debieran hacer respetar el orden, la rectitud y la Constitución misma por la cual juraron en su condición de funcionarios del Servicio Penitenciario”, sostuvo.
Fuente: Página 12
