Este viernes, el juicio oral y público contra el exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, y otros tres acusados por trata con fines de explotación sexual ingresó en su etapa final, con la presentación de alegatos ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta. Villalba, hallado en el local “Terra Nostra” durante los allanamientos de agosto de 2013, podría ser absuelto, ya que la fiscalía no logró acreditar su participación en los hechos imputados.
Junto a él están acusados Nancy Viviana Gómez, Mercedes Baigorria y Roberto Quintian Ramírez, señalados como responsables de administrar establecimientos donde operaba la red de prostitución VIP. La organización ofrecía a los clientes servicios que incluían viviendas y habitaciones de hotel, donde se concretaba la explotación sexual de las víctimas.
Durante su alegato, la auxiliar fiscal Soledad Cabezas solicitó ocho años de prisión y una multa de 90 mil pesos para Gómez, Baigorria y Ramírez, por considerarlos coautores de promoción y facilitación de la prostitución agravada por la vulnerabilidad de las víctimas, en concurso con explotación económica. En el caso de Gómez, la fiscalía indicó que hubo al menos 13 hechos, y ocho en los casos de Baigorria y Ramírez.
Por el contrario, en relación a Villalba, Cabezas pidió la absolución, considerando que no se probó fehacientemente su responsabilidad en la red, a pesar de haber sido hallado en uno de los lugares intervenidos. Sin embargo, la querella representada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) mantuvo su imputación contra el exjefe comunal y solicitó una pena de cinco años de prisión.
Los acusados negaron haber incurrido en los delitos. Baigorria declaró que el bar “El Quijote” funcionaba únicamente como local de bebidas y espectáculos, y que las mujeres asistían por voluntad propia. Ramírez, su esposo, dijo que invirtieron juntos en el negocio con dinero de su pensión. Gómez, por su parte, sostuvo que “Terra Nostra” era solo una confitería con shows.
La fiscalía remarcó el impacto prolongado sobre más de 30 mujeres y subrayó la ausencia de asunción de responsabilidades por parte de los imputados. También mencionó la participación de al menos dos personas en el gerenciamiento de los locales como agravante, así como los vínculos de confianza con las víctimas.
El proceso, iniciado el 21 de febrero pasado, no pudo contar con la presencia de Marisel Llanes, considerada líder de la red y expareja de Villalba, ni de Francisco Marcelo Russo, administrador de uno de los locales. Ambos fueron declarados en rebeldía y tienen pedido de captura vigente.
Fuentes cercanas a la investigación aseguraron que de haber estado presente, Llanes habría enfrentado un pedido de pena considerable.
La sentencia se conocería en los próximos días.
