El juez federal Sebastián Casanello pidió al ministro de Justicia, Germán Garavano , que le informe si funcionarios de su cartera mantienen conversaciones con Lázaro Báez para obtener beneficios en su detención, a cambio de aportar información a la causa.
El motivo del pedido del juez es resguardar la legalidad del proceso y evitar nulidades, por lo que le recordó que según la nueva ley del arrepentido, el que puede llevar adelante los acuerdos es el fiscal, en este caso Guillermo Marijuan.
Ayer se hizo público que Báez negociaba con enviados del Gobierno la posibilidad de acceder a un arresto domiciliario a cambio de información que pueda aportar en la causa en la que está preso por lavado de dinero de la corrupción.
Las fuentes habían dicho que era posible un traslado temporario a un penal de Río Gallegos, por la salud de su madre y luego, si las negociaciones tenían éxito, acceder al beneficio del arresto domiciliario.
La manera de acceder a esos beneficios es declarar como "arrepentido" en los términos de la ley aprobada en noviembre pasado. Esa norma sostiene que el acuerdo de colaboración debe ser celebrado entre el fiscal y el imputado, y posteriormente sometido al examen del juez para su eventual homologación.
El juez Casanello recordó en su oficio a Garavano que el Poder Ejecutivo no interviene en ningún tramo de la negociación del acuerdo de colaboración.
Sólo puede participar en las cuestiones relacionadas con la necesidad de garantizar la seguridad del arrepentido y la evaluación de su inclusión en el Programa de Protección de Testigos e Imputados.
El magistrado dijo que su tarea es velar por la regularidad del proceso, para evitar nulidades en la causa, pues todo acto declarado nulo "acarrea un retroceso en la investigación y un riesgo para su desenlace exitoso".
