Además, Delfín Reinaldo Castedo fue condenado como partícipe necesario del delito de "falsificación material de documento público" y coautor de "falsedad ideológica de documento público agravada por tratarse de un documento destinado a acreditar la habilitación para circular de vehículos". Asimismo, en relación al uso de esos documentos, el Tribunal absolvió a Castedo por el beneficio de la duda.
El caso estuvo a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA, que encabezan los fiscales generales Diego Iglesias y Eduardo Villalba, y en el debate oral -que comenzó el 3 de noviembre de 2021- intervinieron el fiscal general Carlos Martín Amad y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier.
Por otra parte, los jueces condenaron a Raúl Amadeo Castedo -hermano del jefe de la organización- y al martillero público Eduardo Torino, a nueve años de prisión como miembros de una asociación ilícita. Por el mismo delito, le impusieron una pena de 7 años de prisión a los comerciantes Alberto Yudi y Luis Yudi, mientras que la ex mujer del líder del clan, Melba del Carmen Araujo, recibió 5 años de prisión.
En tanto, Mario Alberto Yudi -hijo de Alberto- fue condenado a tres años de prisión por lavado de activos, pero resultó absuelto por el beneficio de la duda respecto a la imputación como miembro de la organización. Además, todos los condenados deberán abonar multas de entre $ 90.000 y $ 1.200.000.
Previo a las condenas, y en oportunidad de efectuar sus últimas palabras ante el Tribunal, los hermanos Castedo rechazaron las acusaciones y las adjudicaron a una persecución en su contra. Por su parte, Torino insistió en que era ajeno a los hechos y que todo fue producto de un “mal negocio”. Araujo, por su parte, se describió como "una mujer sencilla, de pueblo, que le tocó ser la mujer de Castedo" y resaltó que se enteró de una infidelidad de su expareja durante el juicio. Los Yudi se limitaron a expresar su inocencia y a pedir una sentencia justa.
A lo largo del juicio, la fiscalía presentó una gran cantidad de testigos y prueba documental, entre ellas intervenciones telefónicas, que dejaron en claro que la utilidad de esas tierras, incluida la finca “El Aybal”, estaba vinculada al tráfico de drogas.
También se estableció que los acusados “alteraron la paz social” de Salvador Mazza, a causa de los “constantes conflictos” creados por la insistencia de los Castedo en vedar el paso de puesteros a los camiones ya existentes en ambas fincas, debido a que buscaban mantener en secreto el libre paso de la droga.
Decomisaron la finca “El Aybal”
En su resolución, el Tribunal también rechazó una serie de nulidades planteadas por las defensas de Delfín Castedo y Torino y excluyó los audios reproducidos por el defensor del líder de la organización. Los jueces ordenaron el decomiso del automóvil VW Cross Fox, en el que se movilizaba Araujo, el cual quedó a disposición del Gobierno de la provincia de Salta, para ser destinado a necesidades en los ministerios de Salud o Educación.
También se decomisó -a favor del Estado Nacional- la finca “El Aybal”, de 19.954 hectáreas, ubicada en el departamento salteño de General San Martín. Dicha propiedad abarca los lotes “Caricate”, “Nupiau” y “Quebracho Ladeao”, y limita con la frontera del Estado Plurinacional de Bolivia. En relación a otros bienes cuyo decomiso había sido solicitado por la PROCUNAR NOA, el Tribunal difirió su tratamiento, dado que aún no se descarta la presentación de reclamo por parte de otros familiares e interesados.
En su exposición los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) destacaron la labor de la PROCUNAR NOA -que impulsó el caso-, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que intervino como querellante en el juicio, y con los que la fiscalía compartió -casi en su totalidad- los argumentos y pedidos de pena para los acusados.
Amad y Viltes Monier reseñaron los vínculos que los imputados tenían con otras organizaciones del narcotráfico, tanto en Argentina como en Bolivia y Colombia, y también sus nexos con integrantes de las fuerzas de seguridad y hasta con operadores de la justicia provincial y federal.
En base a las pruebas recabadas, indicaron que existió un acuerdo de voluntades entre los acusados, dirigido a gestar una asociación ilícita con el objetivo de desarrollar actividades ligadas al narcotráfico, con un número indeterminado de otros delitos aleatorios. Así, se refirieron al homicidio de Liliana Ledesma, ocurrido el 21 de septiembre de 2006. La víctima había denunciado públicamente que los Castedo usaban la finca “El Pajeal” para “pasar droga” desde territorio boliviano, ya que el campo colinda, en el país vecino, con una propiedad perteneciente a una hermana de los Castedo.
En relación con el inicio de la asociación ilícita, el representante del MPF indicó que su primer líder fue el fallecido exdiputado provincial Ernesto Aparicio, quien era el propietario de la finca “El Pajeal”.
Fuente: Nuevo Diario
