Con discutibles argumentos la fiscalía pidió condenar a Cristina Kirchner por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a doce años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. También, que se proceda al decomiso de bienes de todos los imputados por un valor equivalente a casi mil millones de dólares.
Luego de un detalle del rol que habría ocupado cada uno de los imputados en las maniobras investigadas, el Ministerio Público hizo el pedido de condenas por los delitos de Asociación ilícita, fraude contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Como ante sala al pedido de condenas, con tono vehemente el fiscal Diego Luciani afirmó: “Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Se trata de la mayor maniobra de corrupción que haya ocurrido en el país”. Y agregó: “La corrupción fue la regla y el orden público ha sido trastocado”.
Cristina Kirchner
Los fiscales pidieron al Tribunal Oral Federal 2 condenar a Cristina Fernández de Kirchner a doce años de prisión con inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, por entender que fue la jefa de una asociación ilícita que desvió fondos del Estado a favor del empresario Lázaro Báez.
Luciani justificó el reclamo de condenas para CFK por su “poder de dirección” para las maniobras, la extensión del daño y la calidad de los motivos. Y mencionó “el lucro personal buscado”. También, “el apartamiento de cualquier tipo de escrúpulo” y el "desprecio hacia la ciudadanía". "No encuentro ni un solo atenuante a los delitos cometidos", remató.
Lázaro Báez
Para el dueño de Austral Construcciones, el Ministerio Público pidió una pena también de doce años de prisión por entender que “Lázaro Báez llevó a cabo un rol trascendental” y “efectuó los aportes fundamentales, por lo que debe considerarse partícipe necesario”.
Luciani habló de beneficios indebidos, violaciones flagrantes al principio de contratación, modificaciones del alcance de los contratos y las ampliaciones de plazos injustificados como parte de las irregularidades que consideró probados. Todo esto, dijo, “solo puede arribar a una conclusión: Báez utilizó sus empresas como parte indispensable para que la maniobra se haya concretado” Y agregó que “Báez manejaba sus propios expedientes en el Distrito 23” y “tenía línea directa con el secretario de obras públicas y, por su interregno, con la presidenta de la Nación”.
Julio De Vido
Para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido la fiscalía pidió diez años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
José López
Para el exsecretario de Obras Públicas José López la fiscalía pidió diez años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
Nelson Periotti
Para el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti la fiscalía pidió diez años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
Para la fiscalía “está acreditado el acuerdo de voluntades de la asociación que operó de manera permanente y que cada uno (de los mencionados) realizó con dolo los aportes necesarios”.
Abel Fatala
Para el exfuncionario del Ministerio de Planificación Abel Fatala la fiscalía pidió cuatro años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
Exfuncionarios de Vialidad Santa Cruz
Para Raúl Daruich y Mauricio Collareda, exjefes del Distrito 23 (Santa Cruz) de la Dirección Nacional de Vialidad; la fiscalía pidió cinco y seis años de prisión respectivamente y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
Para todos los expresidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz la fiscalía también reclamó la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Para Héctor Garro solicitó tres años de prisión en suspenso; Juan Carlos Villafañe seis años de prisión; Raúl Pavesi cinco años y José Santibáñez cuatro años. Todos por administración fraudulenta agravada.
Carlos Kirchner
A diferencia del resto de los imputados, la fiscalía consideró que “los elementos de prueba no son suficientes para una condena” por los delitos de defraudación al Estado y asociación ilícita para Carlos Kirchner. Sin embargo, para el fiscal sí cometió “abuso de autoridad, con penas de un mes a un año e inhabilitación por el doble de tiempo”.
Arquitecto y primo del expresidente Néstor Kirchner, el exfuncionario había sido detenido en diciembre de 2017 por orden del juez de instrucción, Julián Ercolini. Dos años después, en octubre de 2019, el Tribunal del juicio hizo lugar a su excarcelación. Ahora, el fiscal Diego Luciani pidió su sobreseimiento por Fraude y Asociación ilícita. En su momento, el mismo Luciani se había opuesto al reclamo del cese de la detención, por lo que en las últimas dos audiencias buscó justificar su cambio de postura en la falta de material probatorio recabado durante el debate oral.
Peritaje
A pesar de las diferencias en la metodología y en las conclusiones entre los tres profesionales que hicieron el peritaje oficial, los fiscales hablaron de sobreprecios en 5 de las 51 obras investigadas de entre un 20 y 50 por ciento dependiendo del caso. Según Sergio Mola, “la relevancia del peritaje evidenció la finalidad defraudatoria”. Sin embargo, al mismo tiempo, Mola reconoció que en cuarenta obras no hubo sobreprecios, pero aseguró que hubo cartelización para adjudicárselas a Báez. También mencionó 17 obras abandonadas o “con partes que hoy no sirven para nada”.
Por estos presuntos sobreprecios, Mola calculó que el perjuicio para el Estado fue de $5.321.049.272,47.
Decomisos
Este monto, equivalente a casi mil millones de dólares y pendiente aún de actualización al día de hoy, fue el pedido para el decomiso por parte de la fiscalía por parte de todos los imputados. Además, se reclamó el decomiso de todos los bienes de Lázaro Báez, sus hijos y todas las empresas de la familia. Así mismo, Luciani, reclamó darle un “fin social” a los bienes decomisados y que el destino de los activos “recuperados” sea de utilidad pública, en vivienda, educación o salud.
Las fuentes de la acusación
Como parte de los argumentos para justificar los pedidos de condenas que hicieron este lunes, los fiscales mencionaron “los programas de periodismo de investigación que se ocuparon de este tema” y “las denuncias de Carrió”. También, nombraron como prueba la declaración de José López como imputado colaborador en la causa Cuadernos, que luego, en el juicio que lo condenó por enriquecimiento ilícito quedó demostrado que había sido mentira. En aquella oportunidad como arrepentido, López buscó vincular a Cristina Kirchner con el origen de los nueve millones de dólares que quiso esconder en un convento de General Rodríguez. Con ese objetivo, había dicho que el dinero se lo había dado un secretario de Cristina. Pero se demostró en el debate oral que Fabián Gutiérrez no estaba en Buenos Aires al momento de los hechos y que la plata había estado escondida durante un período extenso de tiempo en un altillo de la casa de López, con humedad acumulada por haber estado al lado de un tanque de agua.
Defensa política
Al final de su alegato, Luciani hizo una férrea defensa política del rol del Poder Judicial. Según dijo, los jueces y los fiscales son la “última instancia que tiene la sociedad” para enmendar los hechos de corrupción de la clase política. En esa dirección criticó al presidente Alberto Fernández por el tenor de su testimonial a favor de CFK y afirmar que este proceso evalúa cuestiones políticas no judiciables y a “la misma imputada, Cristina Fernández”, quien “desafió al Tribunal al afirmar ´a mi ya me absolvió la historia´”.
Alegatos de las defensas
El TOF2 finalmente le rechazó este lunes el pedido realizado por la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner para ampliar su declaración indagatoria. Era una postura esperable porque no es habitual este permiso en los debates orales en medio de los alegatos.
Lo que sí definió el Tribunal presidido por Rodrigo Giménez Uriburu es que los alegatos de las defensas comenzarán dentro de diez días, el próximo 5 de septiembre a las 8:30 hs.
También hizo lugar a un pedido de prórroga de la defensa de Báez, a cargo del abogado Juan Villanueva, por lo que se alteró el orden de las exposiciones. “Este Tribunal habrá de disponer que en lo sucesivo las defensas efectúen sus alegatos en el siguiente orden: 1. Garro 2. Collareda 3. Daruich 4. De Vido 5. Fatala 6. Fernández de Kirchner 7. Báez 8. Kirchner 9. López 10. Pavesi 11. Periotti 12. Santibáñez 13. Villafañe”, detalló la resolución.
Fuente: Ámbito
