La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado por la que Raúl Sosa Sapag fue condenado a 2 (dos) año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua y la imposición de tres años de reglas de conducta.
Sapag admitió su responsabilidad en el delito de concusión del que lo acusó la fiscal Salinas Odorisio.
El hecho juzgado tuvo lugar en 2019, cuando una mujer acudió a las oficinas de la Dirección General de Rentas (DGR) a fin de realizar el trámite de sellado de un contrato de cesión de derechos, abonando al acusado la suma de $8.400 en calidad de impuesto de sellos.
Al llegar a su domicilio, la damnificada advirtió que el comprobante entregado por el empleado de la DGR carecía del sello del banco. Al día siguiente, al regresar para solucionar el inconveniente, fue atendida por Sosa Sapag, quien le solicitó que volviera al día siguiente y luego, al siguiente. Finalmente le entregó el recibo sellado por el banco.
Al detectar irregularidades en el sellado, la afectada registró la situación en un acta, la cual fue tomada por funcionarios del organismo, que posteriormente presentaron la denuncia.
