El acuerdo firmado, por mediación de un enviado del Papa Francisco, entre el Arzobispado de Salta y las carmelitas no cerró la grieta religiosa por la devoción de las religiosas a la “Virgen del Cerro”, no reconocida por la Iglesia Católica. Los abogados de las monjas pidieron a la jueza María Carolina Cáceres Moreno que registre en la “planilla prontuarial” a los denunciados por supuesta violencia de género y económica y pidieron “medidas compensatorias no económicas”, además de que se notifique a la Santa Sede de que existieron hechos de violencia.
La novedad encuentra al arzobispo Mario Cargnello en Italia, donde hace unos días mantuvo una audiencia con el Papa Francisco, en la que hablaron del conflicto con las monjas y de la posición de la Iglesia sobre la “Virgen del Cerro”. Regresará a Salta pasado mañana.
Un segmento del texto que se presentó en los tribunales salteños hace referencia a “patrones socioculturales con sesgos de violencia expresa dentro de la Iglesia”, lo que encendió las alarmas en el Vaticano, que había enviado a un representante para terminar con la cuestión.
La presentación subraya que la conducta de los denunciados “debe ser sancionada, reparada y prevenida a través de las medidas compensatorias no económicas solicitadas en este libelo a fin de que los agresores no sean protegidos por la investidura que detentan”.
También apunta que la “conducta asumida por los victimarios a partir de la denuncia, constituyen indicios ciertos de que probablemente se repitan respecto de estas mujeres que por su condición de monjas de clausura son particularmente vulnerables a la violencia.
A una semana de la posibilidad de archivo de la causa, iniciada el 12 de abril por la denuncia de las hermanas contra el arzobispo y otros cuatro religiosos por supuesta violencia de género y económica, los abogados José Viola y Claudia Zerda Lamas, en representación del Monasterio San Bernardo de Carmelitas Descalzas de Salta, presentaron el escrito.
Planteos y repaso de la denuncia
En el texto piden que, “previo reconocimiento de la violencia de género que emerge de la verdad material obtenida con las pruebas colectadas”, notifique al Departamento de Antecedentes Personales a fin de que realice el “registro de este proceso en la planilla prontuarial de los denunciados”, aplique medidas “compensatorias de carácter no económico que garanticen la erradicación y reparación en parte de la violencia demostrada” y haga pagar las costas a los denunciados.
A fines de agosto, con la intervención del abogado Francisco Belda Iniesta enviado por el Vaticano, las partes firmaron un acuerdo en el que la Iglesia reconoce que la de la “Virgen del Cerro” es una devoción privada (el adjetivo se refiere a que no es reconocida por la Iglesia porque no se cumplieron los pasos protocolares) por la que los fieles se juntan a rezar y, por lo tanto, deben ser atendidos por sacerdotes para “facilitar el encuentro con Cristo en el Sacramento del Perdón”.
Establece que el 10 de diciembre, cuando se prevé la presencia “de muchos fieles en el cerro en ocasión de la devoción particular que practican”, se autoriza la celebración de una misa “designándose al efecto a quien presidirá dicha celebración”. No hay una “autorización, legitimación o anticipo del juicio de la Iglesia en cuanto a la posible naturaleza sobrenatural de los acontecimientos y mensajes que rodean esta devoción privada”.
Respecto de la situación judicial, como la denuncia por presunta violencia de género no se podía retirar, se esperaba su archivo a los seis meses si no había más novedades. Ese período se corta con la nueva presentación. En tanto, la investigación en el fuero penal económico sobre la relación de las monjas con la fundación de la “Virgen del Cerro” continuaba.
Después del acuerdo, se levantó la custodia policial que estaba asignada al monasterio y se acortó de 500 a 100 metros la perimetral que se le impuso a Cargnello. También las monjas cumplieron con la demorada elección de la priora –fue ratificada en el cargo María Fátima del Espíritu Santo– y designaron, como pedía la Iglesia, una ecónoma. Hubo quienes creyeron que había paz entre las partes.
El escrito presentado ahora por los abogados repasa los conceptos de violencia de género para la jurisprudencia y enfatiza “la desigualdad de poder como elemento neurálgico de todos los hechos de violencia investigados”.
Menciona, por ejemplo, que Cargnello “pudo durante años realizar actos de violencia psicológica, porque sabía que las hermanas carmelitas callaban”. A continuación describen nuevamente los hechos que aparecen en la denuncia original catalogados como “violencia psicológica” y “física” y que LA NACION, oportunamente, abordó.
La denuncia alcanza, además, al obispo visitador del convento Martín De Elizalde; al cura ayudante de la Catedral, Lucio Ajalla, y a Sancristóval Loyola Pinto, vicario judicial.
Aplicar la “ley Micaela”
Los abogados de las monjas plantean a la Justicia que ordene a todos los denunciados realizar la capacitación de la llamada “ley Micaela”. Al entender de los letrados, “ha quedado claramente demostrado la existencia de patrones socioculturales con sesgos de violencia expresa dentro de la Iglesia, que conforme la normativa vigente no debiera existir, siendo absolutamente necesario derribar esa asimetría de poder de la que se hizo uso y abuso de poder ejercido a lo largo de los años con las hermanas carmelitas del Convento San Bernardo”.
Plantean que los votos de obediencia hechos por las monjas no implican que deba haber “sumisión” al arzobispo.
En otro párrafo, describen que los hechos planteados eran “en razón de adherir las hermanas a la advocación de la ‘Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús’, que el arzobispo no comparte; mucho peor aún, combate abiertamente, cosa que no ocurría con monseñor Julio Blanchoud”. La referencia es al antecesor de Cargnello.
En esa línea, sostienen que la devoción de las monjas por la “Virgen del Cerro” está “en absoluta consonancia con el respeto a la ‘libertad de pensamiento y creencias’” que respaldan ciertos tratados internacionales que enumeran. No mencionan que, como institución, la Iglesia no reconoce a esa devoción.
Otro punto del texto, al que accedió La Nación, pide comunicar a la Santa Sede, a través de la Nunciatura Apostólica de la República Argentina, que “han existido hechos de violencia económica, psicológica y física” por parte de los denunciados “a fin de que se arbitren los medios para que dichas conductas no se repitan hacia adelante y, además, ello sea considerado a los fines de los roles presentes y futuros que tales personas tienen y/o pudieran tener en el seno de la Iglesia”.
Como hechos de “violencia económica” apuntan “la negativa” de Cargnello a enviar a una persona “para que se realicen las elecciones democráticas de la priora, sabiendo que con ello generaba la imposibilidad real de tener una firma “con oponibilidad a terceros”, y el pedido por parte del arzobispo de US$9000 en la crisis de 2001 que no fueron devueltos. Los letrados piden que se considere una “obligación moral” del arzobispo restituir ese dinero al convento.
La Nación
