La situación vivida por decenas de trabajadores se habría “descubierto” luego de que ellos mismos reclamaran ante las autoridades por demoras en los pagos de los jornales, trabajo a destajo y pésimas condiciones de vivienda; lo que activó una investigación de la División de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de Salta en colaboración con el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Salta.
Un total de 66 peones rurales fueron “rescatados” en dos operativos. Uno en una finca ubicada en la localidad de El Galpón, donde había 21 trabajadores pertenecientes a la comunidad Colonia Aborigen Estanislao del Campo de Formosa. El otro en un edificio en construcción en la localidad de Metán (siempre en el sur de la provincia), que sería usado como “hotel”, donde unos 45 trabajadores “vivían en condiciones deplorables, ya que el lugar no contaba con las condiciones mínimas e indispensables para su alojamiento, exponiéndolos a las inclemencias climáticas, a una extrema carencia alimenticia y de servicios básicos”, según se informó.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta se aseguró que “estas personas habrían sido captadas en su lugar de residencia por el administrador de la finca, quien los condujo hasta el lugar para trabajar en la cosecha de limones”. A partir del “rescate” de los peones rurales se detuvo a una persona sindicada como responsable de la finca y se abrió una causa en el fuero federal por violación a la Ley N° 26.364/08. En los operativos también participó personal de la AFIP.
Si bien no trascendió el nombre del detenido, diversos medios salteños confirmaron que detrás de este delito se encuentran dos firmas. Una es Dynamic Agroservices , cuya sede legal está San Miguel de Tucumán y se dedica a “servicios de contratistas de mano de obra agrícola”. La otra es Padilla Citrus, que también figura con domicilio legal en Tucumán y cuyo dueño es Pablo Padilla, quien cuenta con fincas en ambas provincias y también oficinas en Europa y en el sudeste asiático.
En la web institucional de Padilla Citrus puede leerse que exportan a unos veinte países, que tienen unas 2.000 hectáreas sembradas y una “capacidad productiva” de 150.000 toneladas anuales.
La trata de personas con fines de superexplotación laboral, con situaciones de reducción a la servidumbre y métodos de trabajo cuasi esclavos, es moneda corriente en todo el país, especialmente en fincas rurales.
Fueron los propios trabajadores, a través de las comunidades wichí de Formosa, quienes avisaron a algunos medios de comunicación que no tenían baños químicos ni agua, que vivían hacinados y que encima la patronal no les pagaba los jornales. Después de esas denuncias se produjo la intervención de las autoridades.
Fuente: Contexto
