El procurador General, Pedro García Castiella, brindó una conferencia de prensa para informar a la sociedad sobre la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal sobre los allanamientos y secuestros realizados a una financiera desde el viernes pasado.
Pese a la reserva de actuaciones decretada en la causa, que impide brindar detalles mas precisos sobre la investigación, García Castiella aseveró que lo revelado hasta el momento “es sólo la punta del iceberg” y que no se descarta que existan más imputados.
“Al comienzo teníamos la imagen de una financiera ilegal, réplica de lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la Fundación Zoe. Por ello, tomamos la decisión de allanar rápidamente para evitar que la proyección geométrica, característica del Esquema Ponzi, alcanzara a más víctimas” contó, para luego puntualizar que “la realidad con la que nos encontramos excede a la investigación de una mera financiera irregular”.
“No estamos ante un clásico sistema Ponzi porque el retorno prometido, según surge de los contratos secuestrados, es bastante veloz. Esto implicaría que el sistema sería nutrido por un flujo adicional dinerario que podría provenir de otra actividad ilícita que alimente la velocidad del retorno de esta actividad financiera”, consideró García Castiella en clara alusión al lavado de activos de origen ilícito que será materia de análisis una vez concluidos los primeros estudios periciales.
Ademas afirmó que “se detectó un sostenido trasvasamiento de parte de determinados miembros y elementos de la policía de la provincia confundidos con la organización en diversos roles , algunos de captación de incautos, otros prestando seguridad, otros filtrando información hacia afuera de la investigación y dando apoyo, aun en la clandestinidad luego de los allanamientos, a las personas que se encuentran prófugas”.
Además, el Procurador General señaló que producto de ello, personas relacionadas a la causa fueron amenazadas por lo que se solicitó custodia a la Policía Federal Argentina.
“También surge de los primeros avances de la investigación y los elementos hasta ahora reunidos, y por ello la necesidad de avanzar en la misma, la probable existencia de determinados superiores jerárquicos involucrados en la funcionalidad de la organización, tanto en los montos de los dividendos ya percibidos como así también en el aventajado posicionamiento piramidal”- amplió el Procurador respecto de lo que, no se puede dar mayores precisiones para así proteger la reserva y éxito de las investigaciones.
Junto a García Castiella se encontraban los fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio; el fiscal Penal, Ramiro Ramos Ossorio; y los auxiliares del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Gaspar Solá y Nicolás Montaldi.
Salinas Odorisio advirtió que, previo a los allanamientos, existieron filtraciones que permitieron a cuatro personas –entre ellas, la organizadora de la financiera- darse a la fuga, posiblemente con parte del dinero de los inversores. En cuanto a los ocho detenidos, indicó que fueron imputados por estafas reiteradas (en un número indeterminado de hechos), falsedad de instrumento privado, y asociación ilícita, todo en concurso real, y en calidad de coautoras. A ello el Procurador agrego también que oportunamente se dará también intervención a la justicia federal, por la eventual ocurrencia de delitos de esa jurisdicción.
Sobre el audio que una de las prófugas envió a varias víctimas asegurando que devolvería el dinero, García Castiella fue categórico al señalar que tomará medidas con aquellas personas -pertenezcan o no a las fuerzas de Seguridad- que colaboren de alguna manera con los fugitivos ya que estarían incurriendo en el delito de encubrimiento.
Respecto al pase a disponibilidad realizado por el Jefe de la Policía del comisionado coadyuvante del CIF, Juan Ramón Miranda, el Procurador manifestó que permanecerá en el cargo, anunciando el dictado de una Resolución de la Procuración General que se sostiene en los Arts. 167 y 168 de la Constitución de la Provincia, mas los convenios preexistentes. Señaló también que la medida dispuesta, contraviene el convenio rubricado entre el Ministerio de Seguridad y la Procuración General en 2017, que establece que la elección de los funcionarios de la Policía de la Provincia que se desempeñen en el CIF es facultad exclusiva del Ministerio Público Fiscal.
En este punto, el Procurador fue inflexible al asegurar que “la asignación de Miranda resulta fundamental para la continuidad de las investigaciones que el Ministerio Público Fiscal se encuentra llevando adelante” y que el Comisario General fue elegido por él para encabezar el proceso de reorganización del Departamento de Investigaciones del CIF, solicitando que no se avance con la medida, y se colabore con la investigación por el bien de la institución policial y de la seguridad de los salteños.
Por último, la fiscal Salinas Odorisio precisó que, en la medida en que la investigación avance, es intención del Ministerio Público Fiscal recuperar la mayor cantidad de dinero posible para restituirlo a las víctimas de esta financiera.
