Tras el pedido de elevación a juicio contra el diputado Gustavo Orozco el legislador decidió tomarse licencia en la Cámara Baja provincial. En la causa, hay otros once integrantes de la fuerza policial complicados por delitos de imposición de tortura, privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencias, apremios ilegales agravados y vejaciones calificadas.
El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, solicitó la elevación a juicio ante el Juzgado de Garantías 7 del distrito Centro, para Gustavo Orlando Orozco, Víctor Hugo Orellana, Diego Leopoldo Arias, Rubén Darío Medina, Nelson David Rojas, Andrés Fernando Suárez, Javier Sebastián Reynoso, Víctor Alejandro Luna, María Laura Soria, Andrea Alejandra Díaz, Darío Ezequiel Pérez y Denis Arnaldo Coronel por los delitos de imposición de torturas (5 hechos), privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencias (dos hechos), apremios ilegales agravados (dos hechos) y vejaciones calificadas por el uso de violencia, agravados por el uso de arma de fuego.
Inicialmente intervenía el Juzgado de Garantías 6 del distrito Centro, pero su titular presentó este 27 de junio, una inhibición ante la presentación de una abogada de la matrícula, con la que ya existían recusaciones anteriores, como querellante particular del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
A lo largo del extenso requerimiento, el fiscal González expone las distintas medidas probatorias producidas a lo largo de la investigación por los diversos hechos donde se encuentran acusados Orozco y otros once policías por distintos delitos cometidos cuando se desempeñaban como efectivos policiales.
Además solicitó al Juzgado de Garantías, que se requiera a la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta el desafuero del imputado Gustavo Orozco, quien se desempeña como diputado provincial, en los términos del artículo 122 de la Constitución Provincial y que se le imponga como Medidas Sustitutivas a los imputados la obligación de presentarse cada 15 días en la Fiscalía de Derechos Humanos, y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.
El fiscal González destacó que el pedido de desafuero de estas actuaciones es diferente y se suma al ya presentado anteriormente en el marco de otra causa judicial.
