La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente al ex Intendente de Iruya por el delito de peculado (dos hechos).
Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el 18 de febrero de 2020, la apoderada de la Municipalidad de Iruya radicara una denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal.
La funcionaria aseguraba que, según la auditoría de la comuna, existía un faltante de $7.773.758,89 y que, luego de finalizado el mandato del ex Intendente (2015/2019), ingresó un informe de cheques rechazados (emitidos un día antes de la finalización de la gestión) por un valor de $ 5.397.032,62.
El análisis efectuado por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) estableció la existencia de tres cheques librados por el Intendente a favor de la Municipalidad de Iruya por $970.000 y que fueron cobrados por él mismo. No existiría una rendición de cuentas.
Por otra parte, en el período 2015/2019, la Municipalidad de Iruya recibió de los programas sociales AIPAS, Asistencia Critica y Pan Casero un importe total de $14.594.982,93, de los cuales sólo habrían sido rendidos $8.716.909,50, quedando un saldo pendiente a rendir de $5.878.073,43.
De las investigaciones realizadas, surgió que existiría un faltante de dinero de $6.848.073,43, cuya administración y custodia le habían sido confiadas al Intendente. Por ello, la fiscala Salinas Odorisio imputó al Intendente por dos hechos de peculado.
Durante la audiencia, el ex mandatario de Iruya se presentó con un abogado particular y se abstuvo de declarar, aunque presentará su descargo por escrito.
