La Corte Constitucional tendrá que decidir la despenalización del aborto en un año en el que el clamor de organizaciones civiles demandan que el alto tribunal se ponga a la altura de las circunstancias continentales.
Esta discusión se enmarca en las últimas cifras presentadas por el Ministerio de Salud: entre 2009 y 2020 se registraron 436.020 atenciones relacionadas con abortos voluntarios como involuntarios.
Además, cifras extraoficiales aseguran que en el país son 400.000 mujeres las que abortan clandestinamente.
Por lo que si la votación se presentara en esta fecha, un apretado 5-4 a favor de mantener la tipificación de delito para este procedimiento y admitir las tres causales, imperantes desde 2006, sería un revés para los principales movimientos que han liderado el proceso: Causa Justa y el ciudadano Andrés Mateo Sánchez.
Cabe señalar que las causales mencionadas están presentes desde 2006, a saber: que la mujer haya sido abusada sexualmente, que su vida esté en riesgo o que el feto tenga deformaciones.
Según un reporte del Canal Caracol, el bloque a favor está compuesto los magistrados Alberto Rojas, Alejandro Linares, José Fernando Reyes y Antonio José Lizarazo, quien funge como ponente.
Su argumento es que las causales no lograron el cometido de detener las interrupciones clandestinas de embarazos en Colombia.
No obstante la oposición, cuyo bloque central está compuesto por Cristina Pardo, Jorge Enrique Ibáñez y Paola Meneses, tendría el voto de otros dos miembros del Alto Tribunal: Gloria Ortiz y Diana Fajardo.
Ambas magistradas han sostenido en sus alegatos que las causales saldaron una discusión que difícilmente puede acoger este tribunal y que, en caso de darse, es el Congreso de la República el ente que podría despenalizar el aborto.
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Pero la vía por el legislativo podría no ser fructífera: a pesar de los llamados que ha hecho la Rama Judicial, son 33 los proyectos en este sentido que se han ‘hundido’ en el Congreso desde 1975.
Sin embargo, el bloque minoritario pretende acudir al Congreso, imponiendo una fecha como junio de 2023 para que éste decrete a favor o en contra de la despenalización del aborto.
En la discusión terció la Procuraduría General de la Nación que emitió un concepto, firmado por el exprocurador Fernando Carrillo, en el que la entidad está de acuerdo con la despenalización amplia del aborto y exhorta a la Corte que se declare inhibida para fallar y que sea el Legislativo el que tenga la última palabra, pese al registro negativo de esta parte.
La despenalización amplia del aborto en el país cuenta con cuatro demandas que solicitan a la Corte decidir entre aprobar la práctica o si mantiene en firme la decisión de 2006, que la penalizó exceptuando tres causales, determinadas para casos extremos.
Los dos principales promotores de estas demandas, el movimiento Causa Justa y el ciudadano Andrés Mateo Sánchez, sustentan el argumento de que el aborto al ser delito en unos casos y derecho en otros plantea “un contexto hostil para la implementación adecuada de los casos despenalizados, que gozan de protección constitucional”.
Los vientos políticos en el continente podrían incidir en una decisión no exenta de posiciones encontradas en Colombia, pero aún el panorama de la votación no es claro pese a las tendencias de los bloques en oposición al interior de la Corte Constitucional.
