El 10 de marzo pasado los fiscales federales de Salta José Luis Bruno y Carlos Amad y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, pidieron al secretario de Fronteras del Ministerio de Seguridad, Luis Green, que elabore un proyecto para darles “un fin social” a las 18.000 hectáreas que la justicia federal le decomisó a Delfín Castedo, quien fue detenido en junio pasado tras estar más de diez años prófugo.
El temor es que si esas tierras siguen siendo manejadas por Castedo, esa organización narco puede continuar operando en esa geografía compleja, casi inaccesible. La Unidad Especial de Operaciones Antidrogas de Gendarmería Nacional estableció que la finca El Pajeal posee un camino de tierra de grandes dimensiones y en buen estado de conservación, que va desde lo que sería el casco de esa estancia, hasta el límite internacional, terminando en un portón. Ese camino se introduce en territorio boliviano, y allí no hay ningún tipo de control.
Según las investigaciones judiciales, Castedo tenía el dominio absoluto de parte de la frontera entre Argentina y Bolivia, cercano a Salvador Mazza. Era el dueño de dos pueblos, El Pajeal y El Aybal, donde esa banda desplazó a decenas de pobladores para tener el control del territorio y se produjo el asesinato el 21 de setiembre de 2006 de Liliana Ledesma, una mujer que había denunciado el copamiento narco.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich recordó tras la detención de Castedo que este hombre de 38 años que está detenido en Salta “no sólo actuó como narco sino que hubo una situación muy concreta que fue intentar capturar tierras para traer la droga con más facilidad y desplazar a los pobladores”.
