Un hombre fue detenido en las últimas horas acusado de ser el autor de las amenazas de bomba que ayer por la mañana encendieron las alarmas en las embajadas de Israel y Estados Unidos, en el marco de la guerra que sacude a Oriente Medio.
La detención se concretó después de que expertos informáticos y detectives de la Policía Federal Argentina identificaran en Don Torcuato, partido de Tigre, en la Provincia de Buenos Aires, el domicilio del que se enviaron los correos electrónicos que contenían las amenazas contra las sedes diplomáticas que ambos países tienen en la Capital Federal.
El acusado -que es mayor de edad y argentino- fue detenido por efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, en el marco de la causa por "intimidación pública" que instruye el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12, a cargo del juez federal Ariel Lijo y de la Secretaría 23 de Paola Yanina Kohen.
De acuerdo a la investigación, el imputado no sólo sería el autor de las amenazas de este miércoles, sino también de una serie de mensajes intimidatorios que a principios de este mes recibieron las cuentas de correo de las embajadas de Estados Unidos, Israel, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Irán y la Delegación de la Unión Europea, informaron voceros a la agencia de noticias Télam.
Según las fuentes, el denominador común de esos mensajes consistía concretamente en amenazas de bomba realizadas a las diferentes sedes diplomáticas, acompañados de amenazas hacia los distintos funcionarios de las embajadas.
En el caso se aplicaron diferentes técnicas de investigación, como análisis en fuentes abiertas, redes sociales y chequeos sobre diferentes domicilios, para lograr individualizar e identificar a la persona sospechosa de enviar los mails.
Pero para determinar efectivamente que la IP utilizada en los correos electrónicos coincidía con el domicilio del sospechoso, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, con anuencia del Magistrado Interventor, solicitó la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia.
Contando con esa información, y establecida que la IP se trataba del domicilio del sospechoso, el juzgado federal actuante libró orden de allanamiento y detención del involucrado, quien quedó alojado en la División Alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Federales.
En el lugar se procedió al secuestro de material probatorio para la investigación, entre ellos teléfonos celulares, notebooks; pendrives, entre otros dispositivos de almacenamiento para sus respectivas pericias.
Fuente: FiloNews