El gobierno endurece los controles para extranjeros en todos los aeropuertos

El sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API por sus siglas en inglés) apunta a determinar si una persona que ingresa o egresa de la Argentina es requerida por la Justicia local o su país de origen.

Frigerio presentó el sistema API durante una conferencia de prensa en la Dirección Nacional de Migraciones junto al responsable de esa área, Horacio José García, quien confirmó que la nueva modalidad "se aplica a partir de este jueves".

Los propios viajeros deberán brindarles a las aerolíneas comerciales su nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, país de residencia, fecha de vencimiento y país de emisión de pasaporte y dirección de destino.

Esta información será contrastada luego con un sistema de información de Interpol por las autoridades argentinas para detectar casos de extranjeros que tengan pedido de captura en la Argentina o en otro país y así actuar en consecuencia.

La norma no alcanzará a los ciudadanos argentinos, residentes permanentes legales o extranjeros residentes, se informó oficialmente. La medida ya se utiliza en varios países del mundo, como Canadá, Estados Unidos, España, México, Francia, Japón o Brasil.

Frigerio subrayó que el objetivo de "agilizar los trámites migratorios pero también tener información precisa de quiénes ingresan y egresan del país", y agregó: "Tenemos que abrirles la puerta a todos los hombres de bien, pero a los delincuentes no, a los delincuentes no los queremos".

El ministro señaló que cuando se detecte que un viajero tiene causas con la Justicia habrá una "comunicación con el país que lo requiere, con la Justicia de ese país, y ahí se determinará qué hacer".

Al ser consultado sobre los costos de enviar a una persona de vuelta a su país de origen cuando se detecte una situación judicial irregular, explicó: "Trataremos de hablar con la misma aerolínea que lo trajo sin chequear los antecedentes para que se hagan cargo de regresarlo a su país".

El ministro indicó que para ello se dispone la "obligación" para el Poder Judicial de "notificar" a la Dirección Migraciones "de todo auto jurisdiccional que atribuyan responsabilidad penal y de toda condena por delito penal contra un extranjero", lo que permitirá que, en simultáneo con el proceso judicial, el Gobierno esté en condiciones de iniciar el acto para la expulsión.

Con esta nueva resolución, el Gobierno quiere controlar en forma previa a unos 12 millones de pasajeros al año que son transportados por las líneas aéreas que operan en el país en aproximadamente 60 mil vuelos.