La Cámara de Diputados de Salta aprobó ayer la prórroga del Presupuesto 2023 para el ejercicio de 2024 y la emergencia económica en la provincia. Además, se autorizó al Ejecutivo a tomar un crédito de 50 millones de dólares y se aprobó la prórroga de la emergencia sociosanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, en el norte salteño. Son medidas que el Ejecutivo provincial envió a la Cámara baja, con el argumento de que son necesarias para "mantener el equilibro fiscal y económico" en Salta, después de conocer las restricciones al gasto público que decidió el gobierno nacional de Javier Milei y que recaen en las provincias.
La encargada de presentar la prórroga del Presupuesto 2023 fue la diputada oficialista por Orán, Patricia Hucena (bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción), quien dijo que el Ejecutivo no preparó un nuevo presupuesto debido a la falta de certezas sobre la distribución de recursos desde el Estado nacional a las 24 jurisdicciones del país, tras la asunción de Milei.
La legisladora dijo que hay un contexto de complejidad macroeconómica y de incertidumbre en el país, que se ve acrecentado por el hecho de que el gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto nacional de este año, lo que implica, de hecho, una restricción de gastos. A ello sumó el impacto que generarían las medidas ya anunciadas por la Nación, como los recortes a la obra pública y en las transferencias de fondos a las provincias. "Nuestra dependencia de recursos tributarios siempre está delegada por el gobierno nacional, transferidos mediante la coparticipación federal y regímenes especiales", recordó Hucena.
Sobre esa base dijo que resultaría "imprudente" discutir un nuevo presupuesto local en un contexto nacional que está caracterizado por "un alto endeudamiento, recesión económica y una elevada inflación". Por eso, alegó que consideran prudente la prórroga del Presupuesto 2023, mientras se espera "que se definan las variables macroeconómicas nacionales y se realice una nueva estimación de los recursos tributarios", lo que recién permitiría contar con "una base más sólida" para la elaboración de un nuevo presupuesto en la provincia.
Desde la oposición local, el diputado por Capital José Gauffin (PRO), insistió en el contexto de crisis económica que afronta el país ante la alta inflación. Aún así, defendió el inconstitucional DNU de Javier Milei, al asegurar que representa la "enorme búsqueda de un cambio profundo" en Argentina, ya que persigue el objetivo de disminuir el gasto público. "Nuestro gobierno provincial también anunció 10 medidas en la disminución de gasto", agregó, pidiendo que esas acciones estén presentes en el proyecto de ley de prórroga.
La presidenta del bloque PRO, Sofía Sierra, cuestionó el envío del proyecto desde el Ejecutivo y afirmó que no tiene "ningún sentido", puesto que la Constitución provincial prevé una prórroga automática se no se envía un nuevo presupuesto. Aún así, quiso diferenciar la prórroga automática de la aprobada por ley asegurando que el pedido de parte del Ejecutivo al Poder Legislativo significaba "firmar un cheque en blanco" al gobernador Gustavo Sáenz, lo que resultaría en "la consolidación de una muy mala costumbre institucional".
Fuente: Página 12
